Lejos de asumir cualquier responsabilidad, el gobierno peruano, incapaz de sobreponerse a los designios de los grandes empresarios, lanzó una agresiva campaña de propaganda centrada en el miedo y la culpa de los ciudadanos por la pandemia. Este gobierno, que no ha hecho casi nada para impedir los 700 mil infectados ni los 30 mil muertos por el Covid-19, ni para morigerar el impacto de tanto desempleo, tanta hambre. Y ahora trata de echarle la culpa al pueblo.

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Tras adoptar medidas de contención tempranas y sin fase dubitativa inicial, el presidente peruano Martín Vizcarra anunció que las restricciones para frenar la propagación de la pandemia del COVID-19 no postergarán las elecciones presidenciales previstas para abril del próximo año, descartó su participación como candidato y puso en duda unas primarias previas.
Las medidas de restricción del aislamiento, unidas a un temprano bono para las 800.000 familias más vulnerables, serían la clave del aumento de 16 puntos en su popularidad, que ya llega al 87% de ... continua

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Era previsible: con un gobierno que solo piensa en las ganancias de los empresarios, Perú acumula 600 mil contagiados y más de 60 mil muertos por la pandemia del coronavirus, mientras crecen el desempleo y el hambre. La causa de la catástrofe es una emergencia mal diseñada y peor ejecutada, concebida para beneficiar a los grandes grupos económicos antes que a la población y al país. Se entregan 21.000 mil millones de dólares a los fondos privados de pensiones, bancos y grandes empresas y apenas la décima parte a los pobres.

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EN FOCO.- Tras cinco días de protestas del campesinado, el Congreso peruano derogó la ley de promoción agraria que en el año 2000, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, creó un régimen especial favorable a las empresas agroexportadoras con el pago del 15% de impuesto a la renta –que para el sector privado es 29%. Los trabajadores demandaban además, el incremento del pago diario de 11 a 18 dólares y contratos formales que les garantice el derecho a vacaciones, seguridad social y el reconocimiento de horas extra.

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Lo que se produjo en Perú fue un golpe de estado parlamentario con apoyo militar que destituyó al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, detenido y trasladado a un cuartel en Lima, para que asumiera la vicepresidenta Dina Boluarte, traicionando así el mandato popular para sumarse el golpismo.
Castillo ha tenido una presidencia convulsionada. Desde el día uno enfrentó los intentos de la derecha y ultraderecha parlamentaria para destituirlo. Para el miércoles 7 de diciembre estaba convocado el cuarto intento de la derecha para sacarlo de la presidencia. Ese ... continua

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Rodeado de altos mandos del ejército, marina y fuerza aérea de Perú, el primer ministro, general Walter Martos, acusó al presidente del Congreso de intentar involucrar a las fuerzas armadas en el pedido de destitución del mandatario Martín Vizcarra, inmerso en una grave crisis institucional, política, sanitaria y económica.

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Una multitud proveniente de distintas regiones de Perú colmó la capital para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones, la instalación de una Asamblea Constituyente y sanción a los culpables por los muertos de la represión.
Caminaron varios días desde sus comunidades del norte y del sur, trabajadores, cholos, aymaras, quechuas y en Lima también fueron duramente reprimidos. Ya no se trata de una movilización episódica ni puntual, sino que se extiende en el tiempo y abarca todo el Perú.
Ya ... continua

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A casi dos meses de haberse decretado el Estado de Emergencia Nacional en Perú, no existe un marco operativo claro, intercultural, intersectorial, multinivel y con enfoque en los derechos humanos, que dirija las acciones estatales para los pueblos indígenas amazónicos frente a la pandemia. Las medidas de aislamiento social generaron un impacto fuerte en las comunidades con mayor dependencia en el mercado, al verse imposibilitados del movimiento de sus productos agrícolas y la adquisición de bienes básicos.

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EN FOCO.- El Congreso peruano acordó que el debate y votación de la segunda moción de destitución presidencial en contra del presidente Martín Vizcarra, por recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua, se lleve a cabo a inicios del mes de noviembre. La moción de destitución, con fuerte apoyo empresarial, se presenta en un contexto donde las bancadas están en algunos casos divididas y en otros, manejando sus fichas para el proceso electoral del 2021, al cual se debe llegar de no mediar algún inconveniente.

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En estos dos meses de confinamiento 300 mil ciudadanos han dejado Lima, regresando a sus provincias y comunidades de origen, y se teme que en las siguientes semanas pueda llegar a cifras cercanas al medio millón de personas. Pobladores, ante el temor del contagio que podían traer los retornantes, activaron sus comités de vigilancia para impedirles el ingreso, por lo menos hasta que pasen la cuarentena obligada. La nueva normalidad tiene que reconstruir las bases de una sociedad solidaria y el distanciamiento social, no se debe dar pretexto para excluir a personas.

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