En el año 2007 se instauró en España la Ley de Dependencia. Esta ley estaba destinada a proporcionar atención a las personas dependientes ya sea por incapacidad causada por enfermedad o por la propia vejez.
Según la Ley de Dependencia el Estado se hacía cargo al 100 % de los costes y los servicios prestados a los dependientes por lo que recibió el apelativo de cuarto pilar del Estado de bienestar. Debido a la crisis económica española la Ley de Dependencia ha sufrido una serie de recortes, debilitándola y atentando contra su futuro al igual que todo el sistema del bienestar.
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