La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos tenían documentos y soportes gráficos y de audio sobre la matanza en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos empleadas domésticas de Universidad Centroamericana, en El Salvador, pero se negaron a dar información.
Esta acusación quedó confirmada en el juicio en España contra Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública, único imputado del caso, que fue extraditado a España
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