En España se calcula que existen hasta un millón de pozos ilegales. Su agua se destina principalmente al cultivo, sobre todo frutas y verduras. Pero esta explotación tiene grave consecuencias, y no solo para el medio ambiente.
Así lo demuestra el caso del pequeño Julen, de solo dos años, quien murió tras caer a uno de estos pozos. Activistas medioambientales como Felipe Fuentelsaz luchan contra las perforaciones ilegales y el robo del agua, promoviendo además una nueva certificación de uso sostenible que pretende aumentar la conciencia sobre la protección de los acuíferos tanto a agricultores como a consumidores. Felipe lleva 16 años localizando cultivos y pozos ilegales mediante imágenes satelitales para denunciarlos ante las autoridades locales. Lamentablemente, apenas tiene éxito.
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