El gobierno peruano anunció un histórico acuerdo con los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, similar al acordado en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, que permitirá que 150 mil familias de agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca, insumo usado en la elaboración de unas 500 toneladas de coca al año.
El gobierno propuso un frente regional para convocar una mesa de cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional, que no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sino incluir también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como Argentina y Brasil.
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