La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua y decidió que Colombia debe cesar inmediatamente sus operaciones patrulleras e intentar controlar la pesca y las investigaciones marítimas en aguas caribeñas, en una zona económica exclusiva nicaragüense.
El tribunal encontró que Colombia interfirió con los derechos nicaragüenses a la pesca y la investigación científica en la zona económica concedida en 2012 y señaló que impedir que raizales, pobladores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pesquen en zona exclusiva nicaragüense.
Quedó pendiente la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, por la cual Nicaragua reclamó en septiembre de 2013 el establecimiento de límites, argumentando que le corresponden.
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