En Perú, Patricia Benavidez, una cuestionada fiscal, presentó una denuncia constitucional con el claro objetivo de lograr la destitución en el Congreso del presidente Pedro Castillo. Envalentonados por los últimos resultados electorales regionales y municipales, que favorecieron a sectores de derecha y de ultraderecha, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, retomó las iniciativas destituyentes.
El martes, en un operativo conjunto y contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía de la Nación allanó las oficinas y las viviendas de los seis congresistas de Acción Popular, acusados de apoyar al presidente con su voto para evitar la vacancia presidencial a cambio de favores políticos.
La acusación fue hecha por una empresaria y lobista corrupta, Karelim López, acogida a la ley de "colaboración eficaz" con la justicia peruana, que premia con beneficios procesales a los “arrepentidos” que colaboren en las causas judiciales.
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