La justicia argentina dispuso que los últimos cinco tripulantes del avión de la empresa de cargas aéreas venezolana Emtrasur secuestrado en Buenos Aires puedan abandonar el país.
Fue el final para una causa judicial que nunca debió existir, pero que todavía mantiene un particular “rehén”: el gigantesco Boeing 747 venezolano, ante un pedido de embargo de Estados Unidos, ya que antes perteneció a una empresa iraní que según Washington apoya acciones terroristas en Medio Oriente.
Ni el juez argentino, ni los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel lograron probar ningún vínculo de ninguno de los 19 tripulantes con algún tipo de actividad ilícita. Detrás del lawfare contra Emtrasur hay una maniobra sucia para terminar con la estatal venezolana de cargas aéreas de gran porte en América Latina, hoy dominado por capitales estadounidenses.
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