Tras el rechazo a la propuesta de Carta Magna emanada de la Convención Constituyente, en Chile han surgido todo tipo de reacciones. Los más refractarios a los cambios piensan que este veredicto popular significa lisa y llanamente que el país prefiere darle vigencia al ordenamiento institucional heredado de la Dictadura de Augusto Pinochet con las modificaciones que se aprobaron durante la Transición.
Lo que suceda está en manos ahora de la clase política, de las cúpulas partidarias y sus negociaciones en La Moneda y del Parlamento. El proceso que se abortó tuvo el mérito de estar en manos de un conjunto de constituyentes elegidos por el pueblo.
Hoy los legisladores debaten con una calculadora electoral en sus manos, programando cómo sus colectividades queden lo mejor representadas posible, para continuar la práctica de la consabida “política de los acuerdos”.
La clase política se reitera en sus vicios y malas prácticas poco democráticas.
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