En El Salvador todavía está vigente un estado de emergencia declarado en marzo por la violencia generalizada de las pandillas. El presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las bandas criminales, suspendiendo derechos constitucionales en el proceso. Casi 60.000 personas han sido arrestadas desde marzo. Aunque esta represión cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, ha sido fuertemente criticada por defensores de derechos humanos.