Las universidades públicas madrileñas corren un gravísimo peligro. Afirmar tal cosa no es cosa de izquierdas o de derechas, sino del análisis cabal de las decisiones efectivas que lleva tomando la Comunidad de Madrid en los últimos veinte años. Que ahora corren el peligro de radicalizarse con la futura ley de universidades, de la que empezamos a tener filtraciones varias en prensa. Hay razones entrecruzadas, desde posiciones ideológicas distintas, para exigir un nivel suficiente de inversión en la universidad pública. Un nivel que los parámetros europeos y nacionales, reflejados en la LOSU, fijan en el 1% del PIB, y que la Comunidad de Madrid manifiestamente incumple. Somos la comunidad más rica y la que menos invierte en universidad pública, en términos relativos a la riqueza regional, y por alumna/o. Quienes defendemos la universidad pública debemos lograr trasladar nuestras razones a toda la sociedad civil. Y estar atentos a los riesgos que se ciernen sobre lo público, creados por los vientos de guerra que azotan Europa, y que hacen resurgir la vieja alternativa entre cañones y mantequilla, esta vez en forma de disyuntiva entre cañones y libros.
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