El confinamiento decretado en Colombia para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares. En la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas. En las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselos a las trasnacionales.

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En abril, la tasa de desempleo alcanzó el 19,8 por ciento en Colombia, una verdadera tragedia que significó que 5,4 millones de personas perdieran el trabajo en solo el primer mes de cuarentena. El encierro enfermó al empleo y el aparato productivo está en cuidados intensivos. Solo Bogotá perdió más de 500.000 empleos en abril, y en las 13 principales capitales del país la tasa de desempleo llegó al 23,5 por ciento.

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Militares estadounidenses, presentados como "asesores" para evadir el necesario aval del Congreso, llegan a Colombia para supuestamente manejar la lucha de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en el país, en una actitud descarada de transparentar el intervencionismo de Washington en Latinoamérica. El gobierno del ultraderechista Iván Duque les abre aún más las puertas para poder agredir al campesinado colombianos y, sobre todo, a Venezuela.

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El coronavirus ya está presente en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, uno de los puntos más recónditos de la Amazonia, con casos reportados por los tres países en todas las orillas del río Amazonas, donde el acatamiento de medidas de contención, como la cuarentena, es prácticamente nulo. Sin medicinas ni alimentos, las comunidades indígenas del Amazonas enfrentan una situación de caos total ante la llegada del nuevo coronavirus.

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Un centenar de líderes sociales o defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia en 2020, matanza que no se ha frenado por la pandemia del Covid-19. A ellas hay que sumar al menos 24 antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC que formaron parte del proceso de paz. Desde el inicio de los contagios por Covid-19 han muerto 32 líderes sociales, 19 de ellos desde que se impusieron medidas de confinamiento en todo el país el pasado 23 de marzo.

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Las denuncias de intercepciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas nacionales y extranjeros (incluso estadounidenses), junto a defensores de derechos humanos, han amplificado el escándalos más sensibles que podía afectar al Ejército colombiano y salpicar al gobierno del ultraderechista Iván Duque.
Y peor aún, podría cortar el chorro de millones y millones de dólares con los que EEUU viene sosteniendo a los gobiernos ultraderechistas colombianos.
Las denuncias serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados ... continua

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El Gobierno de Iván Duque, siguiendo las imposiciones de Washington, ha intensificado el combate contra la erradicación forzosa de cultivos de coca, y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio por la pandemia del covid-19, para evitar que los soldados les arranquen las plantas, que son las que les dan el sustento. En el campo colombiano se libra esta batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos, un indígena en Tumaco, en el sur, y un campesino en el norte, cerca de la frontera con Venezuela.

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El presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, el padre Francisco de Roux, aseguró que la entidad lleva un año metida en "la pandemia singular de Colombia, que es nuestro conflicto armado, tan tapado por el silencio de nosotros y para la cual no hay vacuna posible".
Los 206 muertos que ha dejado esta pandemia contrastan con el millón de personas asesinadas durante el conflicto, con los 166.000 desaparecidos y con los 190 miembros del partido Farc que dejaron las armas creyendo en la paz y han sido asesinados, dijo.
Mientras, en ciudades, pueblos y ... continua

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Más de 36.000 venezolanos y venezolanas salieron de Colombia hacia Venezuela desde el 25 de marzo, cuando comenzaron las restricciones de viaje y paso entre los dos países, por pasos ilegales en los ríos fronterizos, denunciando discriminación y xenofobia por parte de las autoridades colombianas. Las autoridades venezolanas, que los reciben en la línea internacional del Puente Simón Bolívar, donde son censados y sometidos a una prueba rápida para ubicar casos de covid19. Más de 1.500 reclaman en Bogotá un vuelo humanitario que los devuelva a su país.

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Los trapos rojos que se cuelgan en las ventanas de casas humildes y edificios de las ciudades y pueblos de Colombia significan "tenemos hambre", en un lacónico llamado a la solidaridad popular, ante la falta de respuestas del gobierno neoliberal de Iván Duque. Con ollas y sartenes los pobladores bloquean pasos vehiculares para llamar la atención del gobierno local y nacional. Piden alimentos y gritan al unísono: «tenemos hambre, tenemos hambre».

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