La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre próximo, doce días después de haber sido sancionada por la Cámara de Senadores, tras una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, representantes de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica.

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El confinamiento decretado en Colombia para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares. En la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas. En las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselos a las trasnacionales.

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Naciones Unidas alertó sobre una crisis alimentaria mundial como consecuencia de la pandemia de coronavirus que afectaría a centenares de millones de niños y adultos, en especial en América Latina, donde se sumarán 20 millones de personas a la situación de inseguridad alimentaria. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en las próximas semanas el clima podría empeorar la situación sanitaria. En el hemisferio sur, la llegada del invierno significará un repunte de las enfermedades respiratorias.

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Algunos gobiernos como el de facto boliviano, usaron la pandemia para amarrarse al poder, suspender las elecciones del 3 de mayo y continuar reprimiendo a los sectores opositores que osan protestar en las calles. La dictadura de Jeanine Áñez llegó a una negociación con el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, que todavía tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, para llamar a elecciones generales el 6 de setiembre próximo... Pero todavía falta mucho tiempo, recuerda Pedro Brieger en su análisis.

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Desde que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre del 2019, se registraron más de 35 casos de corrupción en Bolivia, y los escándalos más resonantes fueron los que incluyen a personas de confianza del gobierno de facto en los casos de compra con sobreprecios de respiradores para pacientes críticos con COVID-19 y de agentes químicos con los que reprime al pueblo boliviano.

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El gobierno uruguayo destituyó al comandante de Infantería de Marina, tras el asesinato de tres soldados en un puesto de guardia en el populoso barrio del Cerro, en Montevideo, luego de intentar imponer el imaginario que se trataba de una ofensiva de grupos organizados contra las Fuerzas Armadas o las instituciones democráticas. El asesinato y su manejo mediático quiso desviar la atención de un clima político caldeado, en medio de la pandemia del coronavirus.

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A cinco años de la masiva movilización de Ni Una Menos los reclamos feministas inundarán las redes sociales en Argentina, donde la cuarentena por la pandemia del Covid-19 impide las marchas pero miles de mensajes reivindican que "libres y desendeudadas nos queremos". La lucha sigue, porque en 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado en Argentina.

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El asesinato de un joven negro en EU disparó una serie de protestas. Se dio en el marco de la pandemia, donde la población afroestadounidense es la más afectada. Similar es lo que pasa en nuestros países. En Brasil, por ejemplo, las poblaciones negras e indígenas también son las más afectadas. El virus no ataca a todos por igual y cada país tiene su Sur, con condiciones de vida que son mucho peores que las del norte. Análisis de Pedro Brieger.

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Hoy, casi la mitad de los nuevos casos de coronavirus registrados en el mundo está en América y el total acumulado en todo el continente ya supera la cifra de Europa. Mientras Estados Unidos ha superado los cien mil muertos y Brasil los 23 mil, América Latina se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia, con casi 700 mil casos de Covid-19

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Militares estadounidenses, presentados como "asesores" para evadir el necesario aval del Congreso, llegan a Colombia para supuestamente manejar la lucha de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en el país, en una actitud descarada de transparentar el intervencionismo de Washington en Latinoamérica. El gobierno del ultraderechista Iván Duque les abre aún más las puertas para poder agredir al campesinado colombianos y, sobre todo, a Venezuela.

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